Sebastià Frau explica la acción de reclamación de filiación a partir de un caso concreto

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El consultorio jurídico del programa de IB3 Radio Al Dia, conducido por Sebastià Frau i Gaià, aborda la cuestión de la reclamación, por parte de un padre o madre o de un hijo/a, del derecho de filiación en el último programa de la temporada. Frau relata como se tramita esta facultad que otorga la ley al padre, madre o hijo para que se declare una relación familiar diferente a la que consta al registro civil o cuando tampoco consta nada en el mismo.

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Sebastià Frau analiza un caso real de responsabilidad patrimonial por una negligencia médica

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En el último consultorio jurídico, de lunes 11 de julio, del programa de IB3 Radio Al Dia, Sebastià Frau i Gaià analiza un caso real sobre la responsabilidad patrimonial del sistema sanitario público ante una negligencia médica por un diagnóstico tardío, que provocó la posterior muerte del paciente.

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Sebastià Frau i Gaià reflexiona sobre el «brexit» y el estado de la situación actual en el Reino Unido

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Artículo de opinión publicado hoy, miércoles día 6 de julio, en Diario de Mallorca en el que el director de Sebastià Frau Advocats analiza la situación originada en el Reino Unido, a partir del referéndum que se celebró recientemente y cuyo resultado ha arrojado una nueva realidad en el continente: la futura salida de Gran Bretaña de la Unión Europea.

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El valor añadido de la marca

Josep Magraner Llobera

Percepciones sobre la importancia que omitimos dar a la identidad de nuestros productos

Es frecuente que ante un requerimiento de una empresa de la competencia que exija el cese del uso de nuestra marca, el empresario que tanta estima tiene por su empresa y por sus productos o servicios corra al despacho de abogados a buscar soluciones. Y es que gran parte de empresas pequeñas y medianas no logran diferenciar sus productos de las otras a través de sus cualidades o su calidad. Lo que sucede es que carecen de interés en potenciar la fuerza de su marca mediante su registro.

También es frecuente que tras muchos años de utilización de la marca en un determinado sector, se cree un conocimiento de los productos y servicios por parte de los consumidores que influya en su adquisición o contratación. Lo llamaremos éxito. Sin embargo, es posible que de forma inesperada un competidor haya registrado una marca idéntica o similar a la nuestra y ahora nos prohíba su utilización en cualquier forma. Y, si persistimos, nos pueda obligar a pagar una indemnización por daños y perjuicios muy cuantiosa. No nos habrán privado del derecho de utilización de una marca que hemos creado nosotros, es que, con alguna excepción, nunca habremos tenido ese derecho.

Pero no adelantemos acontecimientos. ¿Cómo pueden los consumidores identificar cuál es el producto o servicio que tanto éxito tiene? Es a través de la incorporación de la marca —nombre, imagen, dibujo—, en la etiqueta que lleva el producto, en su embalaje, en la forma tridimensional de éste, en el color, en el sonido o hasta en el olor. Todas estas formas de expresar la identidad —el origen empresarial del producto o servicio— se denominan signos distintivos y tienen como función principal lo que su nombre indica: distinguirse de otros productos de la competencia.

La calidad del producto que el consumidor va a adquirir también es capital, ya que no puede de forma alguna disociarse de la marca, pues el consumidor identificará que el producto de calidad viene asociado a esta marca. La marca, en este estadio, tiene una enorme importancia, pues una vez que se ha asociado la calidad del producto a la marca, se crea una garantía constante de calidad en todos los productos o servicios que se identifiquen con esta marca. El consumidor sabrá que los nuevos productos que adquiera de esta marca serán de una calidad que cumpla con sus expectativas.

Sin embargo, no hay que dejar de poner interés y esfuerzos en elegir un buen nombre para la marca que van a llevar nuestros productos y así crear una identidad fuerte que puede distinguirla de otros productos idénticos o similares. Pensar en el elemento denominativo —mediante los procesos de branding o naming—, del signo que va a representar la marca, son factores determinantes que pueden ayudarnos a que nuestra marca llame la atención y despierte el interés del consumidor.

Una vez que hemos dedicado esfuerzos en elegir un nombre, un diseñador gráfico ha logrado crear un signo que nos convenza y hemos invertido en publicidad y marketing para dar a conocer nuestra marca, no podemos bajo ningún concepto dejar de protegerla. Será mediante el registro de la marca ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), si nos interesa un ámbito de protección nacional, o ante la Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO- antigua OAMI), si tenemos pensado comercializar nuestros productos en el ámbito comunitario.

No obstante, esas oficinas concederán el registro de nuestra marca si cumple con los requisitos que la Ley de Marcas dispone para el registro de signos distintivos, a saber, entre los más importantes, que tengan carácter distintivo y que no sean idénticos o similares a una marca anterior que se encuentre registrada para los mismos productos y servicios. Para determinar si una marca no puede ser registrada porque es similar a una marca anterior, se atenderá a la figura del riesgo de confusión que puede producirse entre los consumidores.

Por último, y conexo con la protección, el empresario deberá utilizar la marca en sus anuncios publicitarios y en sus productos, así como saber reaccionar si es utilizada por un tercero. La ley nos ampara en este sentido y nos faculta para instar ante los tribunales el cese en la utilización de nuestra marca, la retirada del mercado de los productos que lleven nuestra marca o una marca similar o que se nos indemnice por los daños y perjuicios causados. De cualquier forma, el registro previo en la OEPM o la EUIPO se erigirá como un requisito imprescindible para que triunfe la defensa de nuestra marca.

Por Josep Magraner Llobera, abogado de Frau Advocats.

La trivialización de la profesión de abogado

Las causas, con toda seguridad, son múltiples. Pero lo cierto es que en los últimos años asistimos a un progresivo y, al parecer, irrefrenable fenómeno que consiste en prescindir de los abogados o en atribuirles un papel entre irrelevante y secundario. Casi todo vale. Desde la promulgación de leyes en las que la relegación se efectúa de forma expresa hasta aquella diversidad de supuestos en los que se imponen las implacables vías de hecho. Se prescinde, pues, del abogado tanto como se puede. O se le otorga una función entre accesoria y marginal. O acontece que en su desempeño es reemplazado sin reservas por quien fuere. Si la psicología era tradicionalmente el ámbito de conocimientos del que una universalidad de personas se creía dotada, hoy la abogacía parece llamada a ocupar ese lugar de extraño privilegio.

Analizada la cuestión desde una perspectiva corporativa, la defensa del ejercicio profesional ha sido abandonada a su infortunio. Nadie defiende ese espacio natural de competencias que las leyes y la práctica debelan una y otra vez y nadie combate esa implacable marea. Nadie, en fin, hace frente al intrusismo que se asienta incluso por la vía legal, pero también en la habitualidad y en los hechos consumados. Pero conviene advertir que otras profesiones sí que se hacen valer para ocupar, a partir de la utilización de diversos instrumentos, ese espacio que la abogacía deja vacío o para comprimir con su empuje el espacio existente.

Así pues, en la nula o ineficiente defensa corporativa de la profesión se halla la primera explicación de esa marginación progresiva a que se ve sometido el ejercicio de la abogacía. Habría que preguntarse cuándo y dónde feneció el prestigio secular de la profesión y su más reciente conceptuación como instrumento idóneo para la realización del valor constitucional de la justicia. O tal vez esos principios no fuesen nada más que pura retórica. Sea como fuere, hoy no es preceptivo que el ciudadano se asista de un abogado para una multiplicidad de actuaciones que se siguen ante los tribunales de justicia. En efecto y a título de mero ejemplo, la reciente Ley de la Jurisdicción Voluntaria prescinde de la asistencia letrada en la gran mayoría de supuestos. Lo llamativo es que en lugar de prever un artículo en el que se estableciese la voluntariedad o la obligatoriedad genérica de la asistencia letrada con las inevitables excepciones, se ha optado por el camino inverso, de tal manera que en cada diferente capítulo se precisa sin demora que el abogado es innecesario.

Al margen de la muy deficiente técnica legislativa que esa manera de proceder patentiza, parece que el redactor de la ley ha querido enfatizar el carácter prescindible del trabajo del abogado con una abrumadora repetición, para que no se susciten dudas. He aquí que hasta en veintiún artículos (24.3, 28.3, 34.2, 43.3, 53.3, 57.3, 59.3…) se dice que la intervención del abogado no será preceptiva en las actuaciones de que se trata. Gracias, lo hemos entendido. Con una vez bastaba. Si alguien se pregunta con razón cómo y quién promoverá la acción ante los tribunales en aquellos supuestos en que una ley dice que el abogado no es necesario, la respuesta es doble. Por un lado, a los abogados los sustituirán los modelos normalizados (vulgarmente llamados impresos) que el Consejo General del Poder Judicial ha publicado en diferentes secuencias y para diferentes actuaciones. Cuyos modelos —adelantémoslo— provocarán necesariamente las repetidas intervenciones tutelares de los tribunales para completar la información que el ciudadano les proporciona. Por otro lado, el espacio que los abogados dejan libre porque se les expulsa de él, lo ocuparán aquellos profesionales y asesores de diversa índole que se relacionan con un gran número de personas precisamente por la clase de actividad que desempeñan.

La oferta se presenta clara: no se preocupe que ese impreso se lo relleno yo. Y como los tribunales han de actuar de oficio a partir de la petición normalizada, saquemos otras dos consecuencias nada temerarias. Un incremento exponencial del trabajo de la oficina judicial porque para cubrir los déficits de la petición y de las subsecuentes actuaciones solamente contarán con el propio ciudadano promotor, sin ninguna intermediación profesional; y, aún, una progresiva y lamentable estandarización de las resoluciones de los tribunales. Se ha prescindido de considerar que los intereses implicados pueden ser, en acto o en potencia, de mucho valor también en aquellos supuestos en que la intervención del abogado no es preceptiva. Y se ha prescindido de considerar algo que todos los abogados sabemos: lo que hoy se dice o deja de decirse condiciona el futuro. Y en muchos casos lo condiciona de forma definitiva.